El Gobierno del presidente Rajoy ha estudiado esta mañana el anteproyecto de ley de transparencia y buen gobierno, una norma que obliga a las Administraciones públicas a hacer accesibles todos sus contratos, subvenciones, convenios y sueldos públicos. España se sube así al carro de la información accesible y deja de ser el único país europeo con más de un millón de habitantes que no contaba con una ley para acabar con la opacidad en la gestión pública. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la ha calificado como una de las normas más importantes del programa político de Mariano Rajoy. La nueva ley permitirá, sancionar con 10 años de inhabilitación a los cargos que falseen y oculten datos y fija un baremo para limitar el sueldo de cargos públicos de las corporaciones locales. La vicepresidenta ha asegurado que, gracias a esta norma, «el Gobierno se hace responsable de lo que hace el conjunto de las Administraciones». También fija en un mes el plazo en el que las Administraciones tendrán que responder a las preguntas de los ciudadanos. Al menos sobre papel, el plazo es hoy de tres meses.